La Asunción, 21 de diciembre de 2010.- Después de tres años, el caso Chana, en Margarita, vuelve a la palestra pública con la admisión de la querella por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPCyPS), en contra de los ciudadanos Pedro Castillo, José Castillo y Triana Castillo, representantes legales de la Empresa Promotora Chana, C.A.
Esta aprobación fue otorgada el 9 de diciembre de 2010 en La Asunción, con la resolución dictaminada por el Juez Tercero de Control del estado Nueva Esparta, José Abelardo Castillo, la cual permitirá dar continuidad a la acción judicial interpuesta por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, defraudación y asociación para delinquir.
Este caso guarda relación con los recursos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Endógeno (Fonendógeno) a esta Promotora para que colaborara con el saneamiento ambiental, el desarrollo comunal, generara empleos y recuperara el Hotel “Chana Puerto Fermín”, ubicado en el municipio Antolín del Campo, de Nueva Esparta.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los directivos de esta empresa recibieron la cantidad de Bs.F. 13 millones, (Bs. 13 millardos), a través de un convenio de financiamiento suscrito por Fonendógeno, que le otorgaba un lapso de ocho años, con un interés fijo de 8% y un año de gracia para la cancelación del crédito.
En este sentido, se hizo un primer desembolso el 24 de mayo de 2007 por Bs.F. 6.055.822; un segundo pago de hipoteca por Bs.F. 5.836.282, que se hizo efectivo el 10 de julio de ese mismo año. Sin embargo, la Promotora Chana vendió el Hotel a la sociedad mercantil de Seguros Premier C.A, el 29 de julio de 2009.
Con estas evidencias, la diputada del PSUV Rosario Pacheco hizo la respectiva acusación a nivel penal y en los medios, pues los actuales dueños del hotel se declararon en quiebra, tal como indica la medida de prohibición, emitida el 22 de septiembre de 2010, y hasta ese momento no se le había cancelado a Fonendógeno la deuda total de la obligación.
A partir de estas declaraciones, el MPCyPS, que para el 2007 se conocía como Ministerio de Economía Comunal (Minec), procedió a demandar judicialmente a la empresa por el cobro de lo adeudado a su ente adscrito, por daños y perjuicios ocasionados, así como solicitar la nulidad de la venta del citado inmueble.
Ibeth Rodríguez/ Prensa MPC y PS